El pasado 7 de marzo el proyecto que crearía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sufrió nuevamente un traspié en su tramitación -esta vez en la Cámara Alta-, debido al desacuerdo en dos de sus propuestas. Con la iniciativa enviada a Comisión Mixta para resolver las normas en controversia, el vicerrector de Investigación y Desarrollo de nuestro plantel, Flavio Salazar, reflexiona en la siguiente columna publicada en el diario La Tercera, sobre el injustificado retraso de una ley que considera urgente para el país.
Resulta lamentable la postergación y envío a comisión mixta del proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por falta de acuerdo en un par de puntos específicos. Fundamentalmente porque, más allá de sus imperfecciones, la iniciativa constituye un primer intento de establecer una relación estrecha entre la ciencia, entendida ésta en toda su amplia gama de expresiones, con un plan de desarrollo del país. Entre el informe de la Comisión Presidencial y la discusión en el Senado se generaron innumerables e inéditas instancias de debate. Como nunca antes, entre los círculos académicos, políticos y la comunidad se instaló la voluntad consensuada de dar una estructura sólida a un sistema de ciencia y tecnología, que pusiera en valor la generación y transmisión de conocimiento.
Lo doloroso es que se quema el pan en la puerta del horno, por esa extraña tendencia de nuestros políticos de pensar que en cada ley se juega el todo o nada y que lo que se escribe en una normativa quedará grabado a fuego para siempre. ¿Qué impacto real podría tener un artículo de ley ultra detallado acerca de la propiedad intelectual, en la orientación del modelo económico del país? Ninguna redacción específica en una ley de este tipo puede cambiar un ápice las relaciones productivas que existen en Chile, ni reorientar por sí misma el curso de nuestro modelo de desarrollo, especialmente porque ésta hoy día no está sustentada en la creación ni transferencia del conocimiento. La necesaria discusión a nivel mundial, y por cierto local, respecto de la propiedad social versus la apropiación individual del conocimiento, no se resuelve ni por lejos en un proyecto de ley cuyo fin es dar un primer y tambaleante paso hacia la creación de una orgánica institucional que viabilice la discusión democrática de estos aspectos en el corto plazo.
En lo particular, existen tantos modelos de distribución de la propiedad intelectual como países en el mundo, y todos ellos contemplan su propia realidad local y los ámbitos específicos de cada innovación y el potencial impacto que puedan tener en su plan estratégico como Estado. En la discusión legislativa pareciera que prevaleció, por sobre todo, la desconfianza; del Estado y sus representantes hacia los investigadores; de los investigadores hacia las instituciones de educación superior que los cobijan; de las visiones regionales respecto al centralismo, y viceversa.
El error fundamental de la discusión, transversal a todo el espectro político, es privilegiar las aristas económicas asociadas al conocimiento -que en la realidad nacional actual aún tienen un impacto marginal- por sobre la necesidad de fortalecer el cultivo de las ciencias para comprender la realidad y ser mejores, premisa esencial en cualquier iniciativa de cambio estructural. Chile pierde una oportunidad de seguir profundizando en este hermoso debate acerca de cómo ponemos el conocimiento, la ciencia y la cultura al servicio del país, de la gente y de su realidad cotidiana. Es de esperar que el nuevo Congreso retome a la brevedad este urgente desafío.